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intereses de la deuda
sábado, 10 de noviembre de 2018
sábado, 27 de octubre de 2018
Semblanza de Don Raúl Mesa.
14/8/1939 - 15/1/2018
Hombre integro y campechano si los hay, Don Raúl, bregó siempre por poner
ante todo los valores humanos y los principios éticos.
Supo interactuar a lo largo de su vida con políticos, personalidades del ámbito
educativo y científico; dejando su impronta y pensamiento original.
Su sello indiscutido fue su hombría de bien, como así también su vasto
conocimiento sobre los temas que afectan la vida del Ser Humano, esa fue
su pasión, y eso lo llevo a formar parte de un proyecto nuevo, integrando el
Grupo de trabajo del Dr. Rodolfo Talice, un eminente científico Uruguayo
de reconocida trayectoria mundial a quien acompaño a lo largo de varios años en
al divulgación de la Eto Ecología, ciencia desconocida hasta ese momento en Uruguay.
Para Raúl este proyecto y desafío, lo marcaria para siempre.
Sus vastos conocimientos, complementado por su dedicación de
autodidacta, lo hicieron sobresalir, haciendo de su vida un permanente
Laboratorio ambulante para el estudio del comportamiento humano. Siempre estaba
dispuesto a trasmitir sus vivencias y conocimientos a quien quisiera.
Tenía una mirada aguda y certera de los sucesos sociales que vendrían, sus
conclusiones siempre dejaban enseñanzas y aun hoy sus predicciones nos sorprenden.
Su familia, como solía decir es la base de la sociedad, hoy ellos dan muestra
de todo su empeño y trabajo desarrollado, mostrando los frutos que Don Raúl les
dejo.
NO PRODUCIMOS LOS VEGETALES Y FRUTAS
QUE NECESITAMOS
Uruguay produce la mitad de los vegetales recomendados por la FAO.
La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera que la alimentación saludable debe incluir como mínimo 400 g de frutas y verduras al día.
Uruguay produce la mitad de los vegetales recomendados por la FAO.
La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera que la alimentación saludable debe incluir como mínimo 400 g de frutas y verduras al día.
Pero Uruguay está muy lejos de llegar
a esa marca: para consumo interno produce
50% de esa cantidad.
Uruguay importa un 15%, con lo que
solo se llega al 65% de lo recomendado como mínimo, no es ni un promedio ni un
ideal .Es la cifra menor que sugiere la FAO, y Uruguay solo consume el 65%.
Pero el problema es mas grave aun. En
las condiciones actuales los productores
nacionales tampoco podrían asumir el 50% restantes de frutas y verduras que le
faltaba a Uruguay para acercarse al mínimo de la FAO.
Primero por una falta de capacidad y recursos
para elaborar el doble de lo que hoy alcanzan, y segundo por que no hay un
mercado para su consumo. No se ha desarrollado en forma suficiente la cultura
de ingerir una alimentación balanceada en forma saludable.Un 40% de la
población solo llega a ingerir 100 gr de frutas y hortalizas, aumentando en
forma importante el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no
transmisibles como ser las cardiacas y las respiratorias.
FIRMA
PARA QUE NO TE ACORRALEN
Esta ley, obliga a que todos los sueldos se paguen y
cobren a través de instituciones financieras, prohíbe el efectivo en
transacciones de más de $ 150.000". Esta ley viola mis derechos de
libertad y privacidad. El estado se convierte en un gran hermano, en sociedad
con los bancos, que ya han demostrado ser dignos de desconfianza. Se pierde
derecho a tener efectivo en caso de un nuevo corralito o caída de un banco.
"No estamos en contra de la
bancarización, estamos en contra de que sea obligatorio. El camino a la
bancarización está lleno de inconvenientes para con los usuarios, que sufren
con cajeros sin dinero, y el cierre de la mayoría de los locales, ya que no
pudieron contener los atentados de los delincuentes que los hacen explotar.
La ley busca premiar a los bancos e imponer un control total en la población. Se
termina la privacidad". También
significa el principio del fin del efectivo, sustituido por las tarjetas de
crédito que se imponen de hecho como obligatorias. Los POS tiene un gasto
mensual para el comerciante (se alquila, no lo venden), y las tarjetas una
comisión para el banco.
Con
la ley el estado controla todo y le da un beneficio a los bancos, que son los
mismos que compran las emisiones de deuda uruguaya y son también los dueños de
las calificadoras de riesgo.
Fue un hermano entrerriano, fumigador, que ya enfermo dedico
los pocos años de vida, que el sabia que le quedaban a luchar contra los agrotóxicos.
Murió tras padecer una neumonía por la que estaba
internado. Desde hace años sufría una polineuropatía tóxica metabólica severa, que le había causado una
disfunción de una parte del sistema nervioso.
Había empezado a trabajar con agroquímicos en 2005 para una empresa
de fumigación aérea, y su tarea, era
abrir los envases que contenían sustancias químicas –entre las que había
glifosato–, y enviarlo por una manguera hacia la aeronave para que rociara los
campos sembrados con soja. "Era verano, trabajábamos en pata y sin remera,
y comíamos sándwiches de miga debajo de la sombra del avión que era la única
sombra que había en las pistas improvisadas en el medio del campo. La única
instrucción que yo recibí fue hacerlo siempre en contra del viento, así los
gases no me afectaban".
Tomasi es el protagonista del libro "Envenenados" del periodista
y escritor Patricio Eleisegui, tras el cual se hizo conocido a nivel mundial por la lucha contra los agrotóxicos.
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miércoles, 19 de septiembre de 2018
Escribe: Ing. Qco. Ignacio Stolkin
A propósito del decreto del Ejecutivo y UPM
A quien haya observado en los últimos tiempos la desesperación del gobierno por promover la instalación de una nueva planta de celulosa a orillas del río Negro -que traerá millones de dólares de pérdida al país- y conozca la existencia del acuerdo de inversiones Finlandia-Uruguay, no le llamará la atención la aparición del decreto presidencial del 20 de este mes dando no sólo libertad de acción a la Policía para disolver por la fuerza manifestaciones que puedan interrumpir el tráfico “normal” de caminos y carreteras, sino habilitando el llamado al Ejército si esta lo cree necesario. “De inmediato” daría aviso al juez. Nada se dice de para qué se le avisa.
Y es que el acuerdo (más bien, el contrato leonino) Uruguay-Finlandia fija la obligación de nuestro gobierno de dar “una total y constante protección y seguridad” a las inversiones finlandesas (artículo 2º inciso 2) y de compensar al inversor “pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones en el territorio de esta Parte Contratante” (artículo 6º inciso 1).
¡De más está decir en qué forma se obliga al Estado uruguayo a pagar!
Es claro que el apresuramiento por decretar la acción policial sin intervención judicial y de hacer mención al derecho de huelga (consagrado por el artículo 57 de la Constitución de la República) dejando su alcance a la libre interpretación de la autoridad es, justamente, demostrar a los inversores que somos un “país serio” (yo diría genuflexo) y que vamos a obedecer el acuerdo internacional y todas sus órdenes y prepotencias, incluso determinando cuál es el lugar del puerto de salida de sus productos, independientemente de que el tránsito o la belleza de nuestra capital esté en juego.
Llama la atención la intervención de la ministra Marina Arismendi, sugiriendo en forma subliminal que el conocido levantamiento de camioneros que condujo a la caída de SalvadorAllende en Chile puede precipitar la caída del gobierno porque se puede interrumpir la salida de la producción de arroz. Y, en general, aceptando que se impida demostrar a cualquier grupo social. ¿Hubiera preferido la señora ministra que la Policía (acompañada del Ejército) hubiera “sacado del forro” a las 300.000 personas que interrumpieron el 8 de marzo ni más ni menos que nuestra principal avenida?
Pero si necesitamos una confirmación de a quién va dirigido este decreto, veremos que su primera aplicación fue la detención de dos trabajadores. ¿Dónde? Ni más ni menos que frente a una productora de celulosa a la que se otorgaron las mismas condiciones de inversión que a Botnia -hoy UPM-, sin que mediara ningún acuerdo o contrato comercial que obligara a nuestro país. Mejor no aplicar el dicho “más claro, echale agua”, porque de ese elemento hacen uso sin pagar un céntimo.
Y aquí no hago mención al problema de las pérdidas económicas -que alcanzarán los miles de millones de dólares-, porque eso ya es poco frente a las pérdidas de carácter moral que estamos sufriendo con este ataque a la libertad de nuestro pueblo y el abuso de autoridad de nuestro Poder Ejecutivo, que, en aras de favorecer intereses externos, ha llegado a quitar autoridad a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debe dar cuentas al Parlamento, instrumentando por decreto una secretaría sobre cambio climático que estará a la orden del presidente de la República y que podrá decidir, sin consulta alguna, sobre temas de importancia nacional, entre los cuales se encuentran las concesiones sobre la no adopción de medidas correctivas a métodos de producción que sean negativos para el medioambiente.
Es de hacer notar que eso ya lo había intentado el presidente José Mujica por la instalación de Aratirí, que finalmente no funcionó.
A propósito del decreto del Ejecutivo y UPM
A quien haya observado en los últimos tiempos la desesperación del gobierno por promover la instalación de una nueva planta de celulosa a orillas del río Negro -que traerá millones de dólares de pérdida al país- y conozca la existencia del acuerdo de inversiones Finlandia-Uruguay, no le llamará la atención la aparición del decreto presidencial del 20 de este mes dando no sólo libertad de acción a la Policía para disolver por la fuerza manifestaciones que puedan interrumpir el tráfico “normal” de caminos y carreteras, sino habilitando el llamado al Ejército si esta lo cree necesario. “De inmediato” daría aviso al juez. Nada se dice de para qué se le avisa.
Y es que el acuerdo (más bien, el contrato leonino) Uruguay-Finlandia fija la obligación de nuestro gobierno de dar “una total y constante protección y seguridad” a las inversiones finlandesas (artículo 2º inciso 2) y de compensar al inversor “pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones en el territorio de esta Parte Contratante” (artículo 6º inciso 1).
¡De más está decir en qué forma se obliga al Estado uruguayo a pagar!
Es claro que el apresuramiento por decretar la acción policial sin intervención judicial y de hacer mención al derecho de huelga (consagrado por el artículo 57 de la Constitución de la República) dejando su alcance a la libre interpretación de la autoridad es, justamente, demostrar a los inversores que somos un “país serio” (yo diría genuflexo) y que vamos a obedecer el acuerdo internacional y todas sus órdenes y prepotencias, incluso determinando cuál es el lugar del puerto de salida de sus productos, independientemente de que el tránsito o la belleza de nuestra capital esté en juego.
Llama la atención la intervención de la ministra Marina Arismendi, sugiriendo en forma subliminal que el conocido levantamiento de camioneros que condujo a la caída de SalvadorAllende en Chile puede precipitar la caída del gobierno porque se puede interrumpir la salida de la producción de arroz. Y, en general, aceptando que se impida demostrar a cualquier grupo social. ¿Hubiera preferido la señora ministra que la Policía (acompañada del Ejército) hubiera “sacado del forro” a las 300.000 personas que interrumpieron el 8 de marzo ni más ni menos que nuestra principal avenida?
Pero si necesitamos una confirmación de a quién va dirigido este decreto, veremos que su primera aplicación fue la detención de dos trabajadores. ¿Dónde? Ni más ni menos que frente a una productora de celulosa a la que se otorgaron las mismas condiciones de inversión que a Botnia -hoy UPM-, sin que mediara ningún acuerdo o contrato comercial que obligara a nuestro país. Mejor no aplicar el dicho “más claro, echale agua”, porque de ese elemento hacen uso sin pagar un céntimo.
Y aquí no hago mención al problema de las pérdidas económicas -que alcanzarán los miles de millones de dólares-, porque eso ya es poco frente a las pérdidas de carácter moral que estamos sufriendo con este ataque a la libertad de nuestro pueblo y el abuso de autoridad de nuestro Poder Ejecutivo, que, en aras de favorecer intereses externos, ha llegado a quitar autoridad a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debe dar cuentas al Parlamento, instrumentando por decreto una secretaría sobre cambio climático que estará a la orden del presidente de la República y que podrá decidir, sin consulta alguna, sobre temas de importancia nacional, entre los cuales se encuentran las concesiones sobre la no adopción de medidas correctivas a métodos de producción que sean negativos para el medioambiente.
Es de hacer notar que eso ya lo había intentado el presidente José Mujica por la instalación de Aratirí, que finalmente no funcionó.
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